Del total estimado de 19.2 millones de personas en situación de desplazamiento en el mundo, más de 3 millones han sido desplazadas dentro del territorio colombiano desde hace dos décadas, en tanto que de los 9.2 millones de refugiados, por lo menos 104.000 son colombianas y colombianas que tuvieron que abandonar nuestro país en los últimos cinco años.

Las cifras que hoy presenta el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con motivo del día consagrado por la humanidad para recordar estas víctimas de guerras y conflictos, muestran la magnitud del éxodo y advierten sobre el drama humano del desarraigo.

La gente debería estar segura en sus países de origen, pero la violencia, el desconocimiento de los derechos humanos o las infracciones al derecho internacional humanitario obligan a millones de seres humanos a buscar refugio en otros lugares. Así crecieron generaciones de chilenos, argentinos, uruguayos, centro americanos y, cada vez más, de colombianos en el exilio.

La versión interna de este flujo de refugiados es el desplazamiento forzado, cuya diferencia con los primeros es que no cruzan las fronteras y padecen la diáspora dentro del territorio nacional. Así ocurre Colombia, en donde cada día, en promedio, 700 personas huyen de las zonas del conflicto armado en busca de protección y seguridad para sus vidas y su libertad.

Mientras las personas refugiadas ejercen el derecho al asilo otorgado por otros gobiernos, las personas desplazadas internamente quedan sometidas a la decisión del gobierno nacional de reconocer o no el desplazamiento, atender o no a las personas afectadas. En muchos casos, el marco de protección real es precario, sobre todo en situaciones en las que las propias Fuerzas Militares y de Policía, además de los grupos irregulares, son responsables de la salida forzada.

En los últimos años se evidencia una reducción del número de personas refugiadas pero un crecimiento importante de personas desplazadas internamente, consecuencia de la proliferación de conflictos armados internos por razones, étnicas, religiosas o socio políticas y la disminución de conflictos internacionales.

La existencia de personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo, constituye un indicador de la incapacidad de los Estados que expulsan esta población de garantizar la seguridad, la justicia y el pleno ejercicio de la democracia, es decir, la realización integral de los derechos humanos. Tan grave como esta falta, es la decisión conciente de los mismos Estados, los grupos guerrilleros o las bandas paramilitares de convertir a la población civil y sus bienes protegidos en objetivo militar, o de involucrar a los civiles en el conflicto, infringiendo así, el derecho internacional humanitario.

Esta tragedia humanitaria continúa y agencias de Naciones Unidas como ACNUR, por su mandato, experiencia y profesionalismo, tiene mucho qué hacer todavía para prevenir sus causas, proteger a la gente mientras se resuelven los conflictos y atender a las víctimas. Incluso en Colombia, en donde la realidad indica que hay un conflicto armado, que este conflicto provoca víctimas civiles y que estas víctimas tienen derechos.